YPF apela el fallo de la justicia de Estados Unidos por una demanda por la estatización de la empresa

Presentará "todos los recursos legales para defender sus intereses", tras la resolución que determinó que el litigio con un fondo buitre debe seguir en los tribunales norteamericanos.

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El Gobierno prepara la apelación de YPF contra el fallo de la justicia de los Estados Unidos que determinó que la demanda de un fondo buitre por US$ 3.000 millones por la expropiación de la petrolera siga en ese país y no en la Argentina, en contra de lo que había pedido el Ejecutivo.

La petrolera estatal comunicó en una nota dirigida a la Comisión de Valores de Buenos Aires que analiza la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y anticipó que interpondrá “todos los recursos legales necesarios” para defender sus intereses.

La millonaria demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que se quedó con las acciones que estaban en poder del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y que se quedó con los derechos para demandar. El fondo reclama U$S 3.000 millones, que se sumarían a los US$ 5.000 millones que se pagaron a la española Repsol como compensación.

Al momento de la reestatización, en 2012, la Argentina debió haber hecho una oferta por todas las acciones y no solo por el 51%, como lo reclama el fondo litigante. Así se desprendería del estatuto de YPF de 1993, presentado ante la comisión de valores estadounidense.

Los inversores compraron dos empresas residuales que pertenecían a los Eskenazi, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas compañías se constituyeron hace una década, cuando los empresarios nacionales ingresaron a YPF, entonces controlada por Repsol, de la mano de Néstor Kirchner. Hace poco más de un año, en abril de 2017, Burford informó que vendió un 15% de esa participación en U$S 66 millones de dólares.

El deseo del Gobierno era trasladar el litigio a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina. Aunque a partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos, con resultado impredecible.

El Estado puede presentar una apelación ante la Corte de los Estados Unidos, una alternativa que analiza el Ejecutivo para agotar todas las instancias judiciales. Como parte de la estrategia la Procuración del Tesoro, que representa al Estado, podría plantear un procedimiento conocido como “Discovery process”. Con este instrumento instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización.

En simultáneo las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto le pidieron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. Denunciaron que la operación consistió “en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF”.