Reglamentan los contratos de energías renovables

El Gobierno creó el régimen del mercado a término sectorial que facilitará la contratación entre proveedores y grandes usuarios mayoristas, y entrará en vigor el 1 de septiembre próximo.

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El gobierno nacional dio hoy un nuevo paso en el impulso a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, al publicar la resolución 281-E del Ministerio de Energía y Minería en el Boletín Oficial.

Las autoridades remarcaron que el 9 de junio pasado se difundió el borrador de la medida, y destacaron que las sugerencias de modificación recibidas “fueron analizadas y tenidas en cuenta por las áreas competentes”.

La norma aprobada delimita los ámbitos del mercado a término y el de las compras conjuntas, “con el fin de brindar la mayor claridad y seguridad jurídica”, y crea el Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable.

Se regulan además, a través de la resolución, los cargos de Comercialización y Administración que deberán abonar los grandes usuarios intervinientes a partir de las transacciones económicas de enero de 2019, por el porcentaje de demanda que corresponda.

En el caso de la comercialización, el cargo será ese año de US$ 6 por Mwh (megavatios) e irá creciendo a medida que los operadores vayan cumpliendo la ampliación de la oferta de energías renovables, hasta llegar a US$ 18 en 2025-30.
El cargo por la administración, en tanto, será de 5 centavos de dólar por Mwh entre 2019 y 2024 y desaparecerá luego.

Por otra parte, la medida regula la actuación de los Agentes Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores de energía eléctrica de fuente renovable; de los Comercializadores y de los Grandes Usuarios que optan por cumplir con los mencionados objetivos por la contratación en el Mercado a Término o autogeneración.

En ese marco, se establecen reglas para “la información de contratos y proyectos” y “la ejecución de las transacciones económicas”.

Del mismo modo, la resolución que firma el ministro Juan José Aranguren establece pautas sobre la fiscalización individual del cumplimiento de la normativa legal; el procedimiento para la aplicación de las sanciones por incumplimiento; y el método de cálculo para su determinación.

La resolución considera asimismo “esencial”, a los fines de propiciar las inversiones en proyectos de energías renovables, “minimizar los riesgos de congestión por falta de capacidad de la red eléctrica, toda vez que dichos proyectos no son remunerados por un pago por potencia disponible”.

Cuando se trate de dos o más proyectos de energías renovables que compitan por capacidad insuficiente, se administrará la prioridad de despacho hasta contar con ampliaciones del sistema de transporte.

“La regulación de la prioridad de despacho permitirá administrar el bien escaso para favorecer la no congestión de los proyectos renovables”, sostiene la norma.

Recuerda por último que la ley 27.191 prevé que se incremente la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta alcanzar un 8% de los consumos a fines de este año, y llegue hasta 20% al 31 de diciembre de 2025.

Todo el detalle de la resolución aquí: