Enarsa analiza presentar una denuncia penal por posibles sobrecostos

La demanda es contra la administración anterior por las contrataciones realizadas entre 2011 y 2015 para el denominado sistema "energía delivery".

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La empresa Energía Argentina SA (Enarsa) analiza la posibilidad de presentar una demanda penal contra la administración anterior por las contrataciones realizadas entre 2011 y 2015 para el denominado sistema “energía delivery”, tras lograr una reducción del costo del Mw instalado de 32.200 a 11.980 dólares con los mismos prestadores, lo que significó un ahorro 187 millones de dólares para 2017.

“Nos llama la atención la gran caída de precios que motivó una investigación en marcha y que podría dar como resultado una demanda penal” para dilucidar la gran disparidad de precios entre lo que se pagó en el período 2011 a 2015 y lo que la nueva gestión de Enarsa cerró, explicó el presidente de la empresa estatal, Hugo Balboa.

Se trata de la contratación del servicio de las Unidades de Generación de Energía Eléctrica Móviles, los equipos electrógenos con los que se buscaron suplir desde 2011 los problemas de distribución en el Área Metropolitana Buenos Aires y otras ciudades del país con problemas de cortes de servicio eléctrico, especialmente en los ciclos de verano.

Las empresas contratadas en el período cuestionado son Aggreko, So Energy, Secco y Energyst, las mismas que oportunamente aceptaron bajar sensiblemente los costos por unidad disponible tras la renegociación propuesta con la llegada del nuevo Gobierno y las que finalmente se adjudicaron la licitación de febrero pasado.

La primera contratación decidida por el Ministerio de Planificación a través de Enarsa en 2011 fue por 219 Mw de generación, de los cuales había unos 209 instalados y unos 10 inactivos en depósito, por los cuales el Estado pagó un total 42.919 dólares por mes.

Esto hizo que el costo de la potencia contratada mensual le costaba a Enarsa 108 millones de dólares en 2011, cifra que se fue incrementando con la contratación de más potencia disponible que alcanzó los 328 Mw en 2013 y los 558 Mw en 2015, aunque a un costo inferior ya que el Ministerio de Planificación terminó aceptando un costo de 32.200 dólares por Mw.

“Lo primero que hicimos -explicó Balboa- fue renegociar los contratos a medida que iban venciendo y bajar el valor de 32.000 a 20.000 dólares por MW instalado y a 4.000 los que se encontraban en depósito”, lo cual “todos los contratistas aceptaron y permitió bajar el costo para el Estado de 216 millones de dólares a 152 millones de dólares a diciembre de 2015”.

Este proceso de renegociación le permitió a Enarsa llegar a diciembre de 2016 el costo de 32.000 a 26.000 dólares promedio “porque había un mix de contratos viejos y nuevos a 32.000 y 20.000 dólares, respectivamente, con una erogación total de 119 millones de dólares.

En febrero pasado, Enarsa hizo una nueva licitación cuando vencieron todos los contratos y al mismo tiempo un análisis de la real necesidad de las unidades contratadas, porque la capacidad de utilización era muy baja por la amplia distribución territorial.

“Ahora pagamos 12.872 dólares por mes y 4.000 dólares en depósito, una combinación de precios por la que se paga 11.985 dólares el Mw disponible, es decir unos 29 millones de dólares” anualizado, explicó Balboa al resumir que “Enarsa bajó 187 millones de dólares las necesidad económica por este servicio”.

Ese ahorro del Estado se explica por una reducción de 135 millones de dólares por la baja de precio por Mw y otros 51 millones por la potencia requerida, es decir menor unidades móviles contratadas.

El gobierno de Mauricio Macri ya había planteado al publicar el trabajo Estado del Estado que “el circuito para repartir el gasoil a los generadores se armó sin un esquema de licitación previa y en condiciones poco transparentes”.

Según la SIGEN, existía un alto nivel de ociosidad en los equipos y las contrataciones se hicieron con altos niveles de irregularidad, ya que entre 2011 y 2015 la energía producida por estos generadores llegó sólo al 15% de su potencial.

Además, se detectaron diferencias entre las horas de operación pagadas y las informadas, lo que generaba gastos por prestaciones no realizadas.

“Todas estas situaciones, que partían de la necesidad de cubrir una emergencia innecesaria, hicieron que sólo en 2015 el Estado gastara 2.000 millones de pesos para mantener disponibles los generadores móviles”, cuestionó el Gobierno el año pasado.