Argentina investigará los contratos adjudicados a Odebrecht

El Ministerio de Energía y Minería resolvió crear una comitiva interna que auditará los contratos adjudicados a la compañía brasilera para las obras de ampliación del sistema de gas en los años 2006 a 2008.

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El Ministerio de Energía y Minería de La Nación creó una comisión de trabajo para auditar el contrato de construcción EPC adjudicado a la firma brasilera Odebrecht para las obras de ampliación de capacidad de transporte firme de gas 2006 – 2008, celebrado entre Cammesa y la compañía.

En Junio de 2005, el entonces Ministerio de planificación federal, inversión pública y servicios, encabezado por Julio De Vido, organizó el plan de acción para la ampliación del sistema de transporte de gas, mediante el cual fue adjudicado el contrato a Odebrecht en marzo de 2006.

Para diciembre de 2006, Cammesa instrumentó un fideicomiso de financiamiento junto a Nación Fideicomisos SA (NAFISA), para poder llevar a cabo las obras licitadas por Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora de gas del sur SA (TGS).

Según deja ver la resolución, NAFISA y Odebrecht acordaron que la empresa brasilera se comprometía a conseguir financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para el desarrollo de las obras.

Luego de los resultados de las acciones judiciales llevadas a cabo por Estados Unidos en contra de Odebrecht, y de los procesos penales que también afectaron a la empresa en Brasil, en 2016 NAFISA decidió realizar una auditoria interna para revisar los contratos firmados la década anterior.

El 31 de mayo de 2016, NAFISA notificó al Minem de una denuncia penal por presuntas irregularidades detectadas por sus auditores internos y en virtud de los informes producidos por la Sindicatura General de La Nación y la Auditoría General de La Nación. Por ello desde el mes de julio del año pasado se decidió suspender el avance de las obras hasta realizar un análisis y la reevaluación de las obras y los contratos generados.

Esta mañana, a través de la resolución 387-E/2017, se designó el equipo de trabajo que llevará a cabo las auditorías, que será compuesto por un representante de la Secretaría de Recrusos Hidrocarburíferos, uno de la Secretaría de Energía Eléctrica, uno de la Subsecretaría de Infraestructura Energética, uno de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y uno de la Unidad de Auditoría Interna. Además, se invitó a la Procuración del Tesoro de La Nación y a la Sindicatura General de La Nación a participar de la comitiva.

Dicho equipo de trabajo, por intermedio de su coordinador, requerirá la información que considere necesaria para el cumplimiento de su objeto al Enargas, NAFISA y Cammesa,  sobre los aspectos referidos a su respectiva actuación en relación con el contrato con Odebrecht.

Las tareas de la auditoría serán; verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten; verificar la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales; verificar la regularidad de los certificados pendientes de pago; y elevar al Minem un informe con un reporte final en el que se exponga el resultado del relevamiento y la revisión del contrato.

Según el diario Perfil, la empresa brasilera reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos, en un paquete mucho mayor que involucró a Brasil, Angola, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Del documento que distribuyó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se desprende que con esos pagos la compañía obtuvo en el mundo contratos por 12 mil millones de dólares entre 2001 y 2016, mientras que en la Argentina las coimas le reportaron obras por 278 millones de dólares.
La filial de Odebrecht en Argentina tiene en curso a la fecha ocho obras de diferentes rubros, adjudicadas entre los años 2005 y 2013, la mayor parte de ellas integrando consorcios en diferentes uniones transitorias de empresas (UTE) con otras firmas.